El 28 de abril de 2025 la red eléctrica española dejó de funcionar durante más cuatro horas, en el mejor de los casos. El incidente afectó a 59 millones de personas en toda España, Portugal y partes del sur de Francia; y causó pérdidas cercanas a 1 600 millones de euros, recordándonos que la resiliencia ante un ciberataque ya no es un asunto exclusivo del departamento de TI, sino un imperativo que atraviesa toda la organización. Aunque los peritos atribuyeron la caída a un problema de coordinación entre generación y distribución, la opinión pública asumió de inmediato que se trataba de una agresión digital. Ese salto —del “error técnico” al “ataque deliberado”— evidencia dos realidades incontestables:
- Cualquier interrupción en una infraestructura crítica se percibe hoy como una crisis de ciberseguridad.
- La distancia entre la detección interna y la exposición mediática se mide en minutos; la primera versión que llega al público suele convertirse en la narrativa dominante.
Para navegar este entorno, las empresas necesitan un plan que combine tecnología, derecho, reputación y finanzas. La presente guía —pensada para lectores familiarizados con marcos como NIST CSF, ISO 27035 e ISO 22301— recopila las mejores prácticas y métricas esenciales para afrontar con éxito un ciberataque de alto impacto.
Anatomía de una crisis de ciberseguridad
Una crisis se declara cuando un incidente supera los procedimientos cotidianos y amenaza la continuidad del negocio. La norma ISO/IEC 27035‑2:2023 recomienda activar un Cyber Crisis Committee: un equipo de mando que aísla los sistemas afectados, prioriza los activos críticos definidos en el Business Impact Analysis y autoriza las comunicaciones externas. Para decidir con criterio, el comité supervisa, entre otros indicadores, el tiempo objetivo de recuperación (RTO) —horas tolerables de inactividad— y el punto objetivo de recuperación (RPO) —datos que se pueden perder sin daño irreversible—, además del riesgo legal y reputacional.
Cuando confluyen datos personales sensibles, interrupción de un servicio esencial y sospecha de “agresión” intencional, la cobertura informativa se dispara. En 2024, por ejemplo, un operador ferroviario europeo tardó 48 horas en aclarar que una brecha afectaba a su sistema de señalización; ese silencio alimentó rumores de sabotaje y provocó una caída bursátil del 11 %, muy superior al coste real del incidente. Anticipar la presión mediática y preparar mensajes veraces es tan crucial como contener la amenaza técnica.
Preparación estratégica: blindaje antes del ciberataque
Nombrar a un director de seguridad de la información (Chief Information Security Officer, CISO) con autoridad transversal, junto con un delegado de protección de datos (Data Protection Officer, DPO) implicado en todo el ciclo de vida de la información. Ambos deben reportar directamente al comité ejecutivo para evitar cuellos de botella.
Dos veces al año se recrean escenarios —ransomware de doble extorsión, filtración masiva en la nube, fallo interno— para medir los tiempos de detección, contención y recuperación. Estos ejercicios descubren tanto carencias técnicas como fricciones entre departamentos.
Los acuerdos de nivel de servicio (Service Level Agreements, SLA) deberían fijar un RTO máximo de cuatro horas y la obligación de notificar incidentes graves en menos de dos. La póliza de ciberseguro, por su parte, ha de cubrir gastos forenses, sanciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, si procede, rescates, revisando sublímites y periodos de carencia.
Detección y análisis: de la alerta a la atribución
Las primeras 24 horas deciden la suerte de la crisis. Validar la alerta implica contrastarla con los registros de la plataforma SIEM (Security Information and Event Management), la telemetría de EDR (Endpoint Detection and Response) y el análisis de flujos de red. Confirmada la intrusión, se dimensiona el daño —superficie comprometida, datos filtrados y coste potencial mediante el modelo FAIR (Factor Analysis of Information Risk)— y se atribuye preliminarmente el ataque (ciberdelincuencia, hacktivismo o Estado‑nación) para anticipar la siguiente jugada.
Si el incidente afecta a servicios esenciales o involucra datos sensibles, el comité notifica de inmediato a las autoridades y activa los protocolos de escalado. Al mismo tiempo, el equipo legal preserva evidencias y controla los plazos que exigen el RGPD y la Directiva europea NIS2.
Contención y erradicación: detener la hemorragia
Contener una brecha exige equilibrar rapidez con la preservación de la integridad forense. Se segmenta la red, se revocan credenciales comprometidas y se aplican parches críticos, mientras los analistas capturan imágenes forenses y calculan hashes que acreditan la autenticidad de la evidencia. Documentar cada paso es la mejor defensa contra acusaciones de negligencia.
Recuperación: vuelta segura a la normalidad
Antes de reactivar los sistemas, los equipos técnicos realizan pruebas de penetración dirigidas, escanean indicadores residuales y verifican la integridad de las copias de seguridad. El departamento jurídico confirma que las notificaciones se enviaron a la Agencia Española de Protección de Datos en ≤ 72 horas (RGPD) y que el aviso preliminar de NIS2 se remitió en ≤ 24 horas.
Con los sistemas validados, se publica un comunicado breve y contrastado que explica qué sucedió, qué medidas se han tomado y cómo se asistirá a los afectados. Un informe final —causa raíz, costes y plan de mejora— se presenta al consejo, a las aseguradoras y, cuando procede, al regulador.
Comunicación en plena crisis
Estudios del sector indican que una narrativa deficiente puede reducir hasta un 7 % la capitalización bursátil en apenas dos semanas. Para evitarlo, la estrategia descansa en cuatro pilares:
- Velocidad controlada: emitir un mensaje preliminar en menos de dos horas.
- Coherencia: alinear la información pública con los hallazgos forenses.
- Empatía: reconocer el impacto en clientes y socios.
- Transparencia gradual: actualizar datos a medida que se confirmen.
Repsol aplicó esta fórmula en 2024: difundió una nota 90 minutos después del incidente, frenó rumores y mantuvo su cotización, demostrando que la información a tiempo mitiga el daño reputacional.
Marco normativo esencial
- RGPD: notificación a la Agencia Española de Protección de Datos en ≤ 72 horas y, si existe alto riesgo, comunicación a los afectados.
- Directiva NIS2: aviso preliminar en ≤ 24 horas; informe completo en ≤ 72 horas.
- Ley PIC (8/2011): coordinación inmediata con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC).
- Ley 43/2010: obligaciones específicas para prestadores de servicios de confianza.
Además, las cláusulas contractuales —en especial en el sector financiero, supervisado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA)— pueden imponer plazos todavía más exigentes.
Ciberseguro: tu red de seguridad financiera
Las pólizas actuales cubren daños propios —lucro cesante, gastos de investigación y restauración— y reclamaciones de terceros, incluidas multas administrativas cuando la legislación lo permite. Revisa sublímites para ransomware, exclusiones por «guerra cibernética» y la inclusión de servicios de breach coach y comunicación de crisis. Una pyme española que facture 20 millones de euros pagará entre 5 000 y 9 000 €; la cifra puede reducirse hasta un 30 % con la certificación ISO 27001 y pentesting anual.
La crisis de ciberseguridad ha dejado de ser un riesgo marginal: hoy determina la salud financiera y la reputación de cualquier organización. Solo las empresas que combinan preparación rigurosa, respuesta coordinada y aprendizaje continuo transforman un incidente en una oportunidad para reforzar la confianza de clientes, reguladores e inversores.
