El pasado 20 de mayo de 2025 entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024, y con él se ha materializado la reforma más ambiciosa del sistema migratorio español en más de una década. Su objetivo: modernizar, agilizar y hacer más justa la gestión de la inmigración en España, adaptándola a la realidad social, laboral y demográfica actual, así como a las directivas europeas en la materia.
Esta nueva normativa afecta tanto a las personas extranjeras que residen, trabajan o estudian en España, como a las empresas que desean contratar talento internacional. A continuación, desgranamos los cambios más relevantes del reglamento, sus implicaciones prácticas y los principales retos que plantea su aplicación.
Una reforma integral que apuesta por la digitalización y la seguridad jurídica
Uno de los pilares del nuevo reglamento es la digitalización de los trámites de extranjería. Muchas gestiones, como las solicitudes de residencia o trabajo, podrán realizarse íntegramente en línea, lo que supone una mejora sustancial frente a la tradicional saturación de las oficinas. Las notificaciones pasarán a emitirse de forma preferente por vía electrónica, y se ha trabajado en la clarificación y estandarización de la documentación exigida, con el fin de reducir disparidades entre provincias y oficinas.
Para hacer frente a estos cambios, el Gobierno ha llevado a cabo una campaña de formación intensiva entre el personal de extranjería y ha habilitado un régimen transitorio para las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la norma.
Nuevas figuras de arraigo y flexibilización de requisitos
Una de las áreas que más se ha transformado es la de las autorizaciones por arraigo, uno de los mecanismos principales para la regularización de personas extranjeras en situación irregular. El nuevo reglamento reconoce hasta cinco modalidades de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la reducción del periodo de estancia exigido para la mayoría de estas figuras, que pasa de tres a dos años, así como la posibilidad de trabajar desde el primer día con los nuevos permisos. También se introducen criterios más flexibles para acreditar vínculos familiares, integración social o formación.
Especial mención merece el llamado “arraigo de segunda oportunidad”, que permite regularizar a quienes tuvieron una autorización de residencia en los últimos dos años y no pudieron renovarla. Esta figura busca ofrecer una vía legal de regreso al sistema a personas que, por razones laborales o administrativas, cayeron en situación irregular.
Visados y permisos de trabajo: más opciones, menos barreras
El reglamento también reforma el régimen de visados, ampliando y reorganizando sus categorías. Entre ellas destaca el visado de búsqueda de empleo, que permitirá a los extranjeros permanecer legalmente en España durante doce meses para buscar trabajo sin necesidad de salir del país para cambiar su estatus migratorio.
Además, se establece un permiso único que autoriza simultáneamente la residencia y el trabajo desde el primer día, en consonancia con la Directiva (UE) 2024/1233. Este cambio reduce significativamente los tiempos y la complejidad de los trámites, y facilita la planificación tanto para los ciudadanos como para las empresas.
También se ha flexibilizado el régimen de trabajo por cuenta propia y ajena, permitiendo su compatibilidad y regulando mejor las contrataciones de duración determinada.
Impacto en estudiantes internacionales y atracción de talento
El nuevo reglamento tiene un enfoque claro en retener talento extranjero, y por eso ha modificado en profundidad la normativa aplicable a los estudiantes internacionales. A partir de ahora, los estudiantes procedentes de terceros países podrán trabajar hasta 30 horas semanales durante su estancia por estudios, y una vez finalizados sus estudios, podrán acceder directamente a un permiso de residencia y trabajo sin necesidad de abandonar el país.
Además, se amplía el visado de búsqueda de empleo a 12 meses y se crea un registro oficial de instituciones educativas válidas para cursar estudios habilitantes para la estancia legal.
Todo esto apunta a una estrategia que no solo facilita la vida académica y profesional de los estudiantes internacionales, sino que también responde a las necesidades del mercado laboral español, que atraviesa una escasez estructural de mano de obra cualificada en determinados sectores.
Qué deben saber las empresas: oportunidades y precauciones
Para las empresas, el nuevo Reglamento de Extranjería representa una oportunidad clara para incorporar talento internacional de forma más rápida y segura. La unificación de permisos, la simplificación de trámites y la posibilidad de realizar contrataciones colectivas en origen son herramientas que mejoran la capacidad de planificación y contratación.
Sin embargo, la reforma también exige a las empresas mayor atención a la documentación y los plazos, y se recomienda contar con asesoría legal para evitar errores que puedan derivar en denegaciones o sanciones.
Críticas y desafíos: los colectivos vulnerables, en el punto ciego de la reforma
A pesar de los avances, la reforma no ha estado exenta de críticas. Diversas organizaciones sociales y jurídicas han advertido del riesgo de exclusión que supone la exclusión expresa de los solicitantes de asilo de las nuevas vías de regularización por arraigo. Muchas de estas personas, tras años de espera y con empleo legal, podrían caer en situación irregular si se les deniega el asilo y no cumplen aún los nuevos plazos exigidos.
También se ha alertado sobre la falta de medios técnicos y humanos en las oficinas de extranjería, lo que podría dificultar la implementación efectiva de los nuevos procesos, especialmente si no se acompaña la digitalización con una inversión suficiente en infraestructuras y soporte técnico.
Una reforma necesaria que exige acompañamiento jurídico
El nuevo Reglamento de Extranjería supone un avance importante hacia una migración más ordenada, transparente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Sus medidas, si se aplican correctamente, pueden facilitar la integración de miles de personas y reforzar la competitividad de las empresas españolas.
Sin embargo, como ocurre con cualquier reforma compleja, su éxito dependerá en gran medida de cómo se interprete y se aplique en cada caso. Por ello, tanto las personas extranjeras como las empresas deben actuar con previsión, contar con información fiable y, ante cualquier duda, recurrir a asesoramiento profesional.
