La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el TSJPV, el día 23 de abril de 2024, sentó un precedente muy peligroso para las empresas al reconocer el derecho de un trabajador despedido a recibir una indemnización por daños y perjurios de 30.000 euros, al margen de la compensación legal por el despido improcedente. Este fallo ha puesto en relieve la gran importancia de manejar de forma adecuada los despidos y las consecuencias que pueden emanar de estos si no se siguen los procedimientos correctos.
Contexto del Caso
El Ayuntamiento de Oñati, Guipúzcoa, despidió de manera abrupta a un trabajador que había aceptado un contrato temporal de interinidad, lo que originó todo el conflicto. Este trabajador, previamente estaba empleado con un contrato indefinido en una empresa, a la cual renunció a cambio de un puesto de una duración mínima de un año por parte del consistorio. Sin embargo, a los pocos días de comenzar su nuevo puesto de trabajo, se le informó verbalmente de un error que se cometió en su contratación, y que, por lo tanto, su último día de trabajo sería apenas un mes después de su incorporación.
Resolución del juicio.
El juzgado de lo social único de Éibar, falló inicialmente a favor del trabajador, declarando que el despido fue improcedente, y por lo tanto, condenando al Ayuntamiento a reincorporar a su trabajador o a indemnizarlo con 493,49 euros. Además, se le concedió al trabajador una compensación por daños y perjuicios de 30.000 euros, debido a la inadecuación de la indemnización legal para cubrir el daño real sufrido por el trabajador en esta situación.
El Ayuntamiento de Oñati recurrió ante el TSJPV para tratar de revocar la sentencia y que esta se limitase a la indemnización prevista en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia inicial.
El TSJPV fundamentó su decisión en base a diversas doctrinas autonómicas, preceptos de la Carta Social Europea y decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, resaltando que la indemnización debe adecuarse a los daños que realmente se han sufrido. Por ello, los 30.000 euros, que equivalen a los salarios que el trabajador habría percibido durante un año, fueron considerados como justos.
¿Qué implicaciones trae para las empresas?
Este fallo trae consigo bastantes consecuencias para las empresas y administraciones públicas. Despedir a un trabajador de manera improcedente no solo puede implicar la obligación de pago de la indemnización por despido estipulada por la ley, sino que también puedes implicar indemnizaciones adicionales significativas si se demuestra que la indemnización legal no satisface suficientemente el daño ocasionado al trabajador.
Todas las empresas y los empleadores deben tener en cuenta lo ocurrido en este caso, para prevenir las implicaciones económicas que pueden producirse a la hora de despedir un trabajador.
Conclusión
La sentencia del TSJPV subraya la importancia de actuar con justicia y transparencia en los despidos. Este caso particular destaca que las indemnizaciones legales pueden no ser suficientes en ciertos contextos, y las empresas deben estar preparadas para posibles compensaciones adicionales. La clave es siempre actuar de manera ética y conforme a la ley para evitar consecuencias financieras y legales inesperadas.
¡¡OJO!! Es importante destacar que esta sentencia aún no ha pasado por el Tribunal Supremo, por lo que su interpretación y aplicación definitivas podrían variar una vez que sea revisada por dicho tribunal. Es crucial tener en cuenta que las decisiones del Tribunal Supremo son las que pueden sentar jurisprudencia y, por tanto, influir en el tratamiento de casos similares en el futuro. Para más consultas sobre tus derechos laborales o asistencia legal, ¡no dudes en contactarnos!
